- Canadá propone prohibir donaciones en criptomonedas, giros postales y tarjetas prepago en campañas políticas federales con el proyecto de ley C-25.
- Las sanciones por violaciones podrían alcanzar el doble del valor de la contribución ilegal más multas de CAD $100,000 para corporaciones.
- Aunque permitidas desde 2019, las donaciones en cripto tuvieron un uso mínimo, con ningún partido federal importante aceptándolas públicamente.
- El cambio regulatorio sigue una tendencia internacional, como la moratoria del Reino Unido, enfocada en prevenir riesgos de transparencia electoral.
Canadá está tomando medidas drásticas para cerrar un canal de financiamiento político que, aunque casi no se ha utilizado, es visto como una amenaza a la transparencia electoral. El proyecto de ley C-25, presentado el 26 de marzo de 2026, busca prohibir las donaciones en criptomonedas como Bitcoin, así como giros postales y productos de pago prepago, en campañas políticas federales. Esta iniciativa marca un giro significativo en la postura regulatoria del país, que desde 2019 permitía tales contribuciones bajo un marco estricto pero ahora opta por una prohibición total.
Esta medida afecta la percepción de legitimidad de las criptomonedas en sistemas democráticos y podría influir en regulaciones globales, impactando la adopción institucional y el mercado.
Contexto regulatorio y evolución
Desde 2019, Canadá permitía donaciones en criptomonedas bajo un esquema que las trataba como contribuciones no monetarias, similares a propiedades. Sin embargo, este marco incluía limitaciones clave: no ofrecía recibos fiscales, requería identificación pública para aportes superiores a CAD $200, y excluía monedas centradas en privacidad como Monero o ZCash. A pesar de esto, el uso práctico fue mínimo; ningún partido federal importante aceptó públicamente donaciones en cripto en las elecciones de 2021 o 2025.
El cambio hacia una prohibición total se debe a una vulnerabilidad potencial que las autoridades han observado con creciente inquietud. En junio de 2022, el Director General de Elecciones recomendó endurecer las reglas, pero no una prohibición. Ahora, con el proyecto C-25, la postura oficial ha evolucionado hacia un cierre completo, alineándose con acciones recientes como la moratoria del Reino Unido sobre donaciones en cripto a partidos políticos.
Canadá cierra un canal de financiamiento político casi sin uso, pero visto como una amenaza a la transparencia electoral.
Alcance y sanciones de la prohibición
El proyecto de ley C-25, titulado 'Ley de Elecciones Fuertes y Libres', tiene un alcance amplio. Cubriría a partidos registrados, asociaciones de distrito, candidatos, aspirantes a liderazgos, aspirantes a nominaciones y terceros involucrados en publicidad electoral. Las sanciones por violaciones podrían ser severas: hasta el doble del valor de la contribución ilegal, más multas de CAD $100,000 para corporaciones. Esto refleja una postura dura contra lo que las autoridades consideran instrumentos difíciles de rastrear.
Implicaciones para el mercado cripto
Aunque el impacto directo en el mercado cripto puede ser limitado debido al bajo uso histórico, esta medida envía una señal regulatoria clara. Con Bitcoin cotizando alrededor de $66,520, con una caída del 0.3% en 24 horas, y otras criptomonedas como Ethereum en $1,992 (-1.3%) y Solana en $81.83 (-1.7%), el entorno regulatorio global sigue siendo un factor clave para la adopción. La prohibición podría disuadir a otros países de permitir donaciones en cripto, afectando la percepción de legitimidad de estos activos en contextos políticos.
Para los inversores, plataformas como Binance ofrecen acceso a criptomonedas, pero este tipo de regulaciones subrayan la importancia de monitorear cambios legales que podrían influir en la demanda institucional. La medida canadiense se suma a un panorama donde la transparencia y el cumplimiento normativo son cada vez más críticos.
Comparación internacional y tendencias
Canadá no está solo en esta dirección. El Reino Unido implementó recientemente una moratoria sobre donaciones en cripto, citando preocupaciones sobre dinero extranjero. Estos movimientos sugieren una tendencia creciente entre las democracias occidentales hacia restricciones más estrictas en el financiamiento político digital. Aunque el uso real ha sido escaso, las autoridades están actuando preventivamente para evitar riesgos futuros.
Qué esperar a continuación
El proyecto de ley C-25 ahora pasará por el proceso legislativo, que incluirá debates y posibles enmiendas. Los defensores de las criptomonedas podrían argumentar que la prohibición es excesiva, dado el bajo uso histórico y las salvaguardas existentes. Sin embargo, con el cambio de postura del Director General de Elecciones, es probable que la medida avance. Los mercados deberán observar cómo esto influye en otras jurisdicciones y en la percepción global de las criptomonedas como herramientas legítimas en sistemas democráticos.